En la década de los 70’s, mientras Salvador Allende se convertía en el primer socialista elegido democráticamente como presidente en el mundo y The Beatles anunciaban su separación para empezar sus carreras como solistas, Alemania plasmaba y regulaba la protección de datos personales promulgando la Ley Datenschutz en 1970 y la Ley Federal de Protección de Datos Personales –Bundesdatenschutzgesetz– en 1977.
En 1973, mientras se inauguraba la Ópera de Sídney y Perón era reelegido por tercera vez como presidente de Argentina, Suecia contemplaba por primera vez el almacenamiento de datos personales por medios automatizados con previa autorización a través de la Data Lag de 1973/289. En 1974, cuando la Guerra de Vietnam estaba a un año de culminar, Estados Unidos se sumó a esta ola y abarcó en la Privacy Act el derecho de privacidad de sus habitantes.
Aunque es cierto que los marcos jurídicos para la protección de datos personales surgieron en momentos diferentes de la historia, todos tienen un propósito similar: velar y proteger los derechos fundamentales de los titulares.
En América Latina, donde la legislación chilena tomó la delantera en regular la protección de esta información con la Ley 19628 de 1999, seguida por Argentina y la Ley 25326 del 2000, la realidad no es diferente y las acciones de protección de datos cumplen el mismo propósito que en Alemania, Suecia y Estados Unidos. Lo mismo sucede en Brasil con la Ley 13.709 que entró en vigor en 2020 y en Colombia, que a través de la Ley General de Protección de Datos se pretende proteger a los habitantes de un escenario tecnológico supremamente cambiante y de consumo cada vez más agresivo.
En términos generales, las leyes de protección de datos surgen como una respuesta del legislativo para fijar normas, principios y procedimientos que permitan a las personas exigir la protección de sus datos personales de los cuales son titulares, así como determinar su voluntad autorizando o no el tratamiento de su información personal. Aún así, las estrategias, medidas y sanciones para hacerlas cumplir varían en cada país.
Por esta razón, TIVIT, multinacional tecnológica con presencia en diez países de América Latina, cuenta con una dependencia de Seguridad de la Información que gestiona las acciones relacionadas con la protección y tratamiento de datos de nuestros clientes. Prestamos, además, servicios de consultoría, ofrecemos soporte técnico o tecnológico a las compañías que nos contratan, y garantizamos con nuestra infraestructura altos estándares de ciberseguridad.
A través de herramientas como Azure Information Protection, solución implantada en la infraestructura de TIVIT, también garantizamos a nuestros clientes la protección de la información personal; y por medio de Force Point, un software que permite detectar o alertar cualquier tipo de fuga de información, mitigamos el riesgo de las compañías que deciden contratar nuestros servicios. Para fortalecer esta labor también contamos con Privally, una firma especializada en el tratamiento de datos personales y en la prevención de fugas de información que adquirimos recientemente.
Las tecnologías de la información y comunicaciones nos retan a diario. Sus avances se presentan a una velocidad tan vertiginosa que las monedas digitales, el comercio electrónico, el cripto arte y la firma digital ya son una realidad. Hoy, además, los datos de las personas se convirtieron en la materia prima de tecnologías como la analítica, el blockchain y de recursos como la nube.
Aunque es cierto que las leyes de protección de datos deben velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, es importante no perder de vista las necesidades del mercado y la realidad actual de consumo. Los gobiernos, para lograr una verdadera transformación digital, deben evitar la formulación de leyes rígidas y herméticas, priorizando la creación de normativas flexibles y de fácil cumplimiento. No hacerlo generaría un muro divisorio entre los procesos tecnológicos y los insumos que necesitamos para lograr una verdadera transformación digital a partir de leyes que se ajusten a la realidad del mercado latinoamericano y global.